Sistema de asilo español

El derecho de asilo en España se encuentra recogido en el apartado cuatro del artículo 13 de la Constitución. Al margen de antecedentes históricos, como la firma en 1978 de la Convención de Ginebra de 1951 y el Protocolo de Nueva York de 1967, la primera Ley de Asilo española no se aprueba hasta 1984, con la Ley 5/1984 de 26 de marzo reguladora del derecho de asilo y de la condición de refugiado.

Tras diez años de vigencia la Ley del 84 es modificada por la Ley 9/1994 en cuatro aspectos fundamentales; se elimina el doble estatuto de persona refugiada y de refugio; se incorpora una fase previa en el examen de las solicitudes que posibilita la denegación de forma rápida de las peticiones de asilo que se consideren infundadas; se modifican los efectos de las resoluciones denegatorias; y se elimina la facultad de suspender asociaciones de personas extranjeras. Posteriormente, en 2009 se aprueba la “Ley 12/2009 de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria” vigente en la actualidad. Lo principal de esta ley es que establece los términos en que las personas nacionales de países no comunitarios y las apátridas pueden solicitar protección internacional en España. Una protección constituida por el derecho de asilo y la protección subsidiaria dispensada a las personas de otros países que, sin reunir los requisitos para obtener el asilo o ser reconocidas como refugiadas, tengan motivos fundados para creer que se enfrentarían a un riesgo real de sufrir daños graves si regresasen a su país de origen o residencia.

La ley de 2009 realizaba un avance respecto a las anteriores. En este caso, además de la raza, la religión, la nacionalidad o la pertenencia a un determinado grupo social, también se añadía la persecución por causa de género y la orientación sexual como motivo para conceder asilo a una persona que así lo solicite. Además, se establecen los plazos y los procedimientos para la solicitud de asilo, que debe realizarse en un plazo máximo de un mes desde la llegada a territorio español.

Sin embargo, aunque la ley incluye ciertos avances, muchos de ellos no son efectivos. España todavía sigue sin aprobar el reglamento que debía desarrollar el contenido de la Ley. El desarrollo reglamentario es lo que fija las condiciones para que una ley sea efectiva. Si no hay reglamento, gran parte de la norma no se cumple en la práctica, con lo se produce un vacío legal que se traduce en falta de información para estas personas y problemas a la hora de conocer sus derechos y poder hacerlos efectivos. Ni tan siquiera la crisis de refugiados y la exigencia de la Unión Europea han logrado cambiar la situación.

Beñat Gutiérrez

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