La situación de los CIEs en España

Los Centros de Internamiento de Extranjero son algo habitual en los países de la Unión Europea desde 1985, año en el que se firmó el Acuerdo de Schengen y se acordaron las bases de una política migratoria común. En muchas ocasiones se ha pensado que su existencia tenía los días contados. Sin embargo, la respuesta europea ante la crisis de las personas refugiadas sirias ha dejado claro que los CIE están más vivos que nunca.

En España su existencia ha resultado tremendamente comprometida. Dependen del Ministerio del Interior y es el Cuerpo Nacional de Policía quien se encarga de administrarlos. Este detalle refuerza la percepción de que se trata de “prisiones” para inmigrantes, por más que oficialmente sean centros de internamiento. La gestión política tampoco ha ayudado. Desde que se abrieron los primeros CIEs hasta que se reguló su funcionamiento pasaron nada más y nada menos que catorce años. Por otro lado, la reforma de la Ley de Extranjería en 2009 derivó en el nuevo reglamento de los CIEs en 2014. Este reglamento resultó muy polémico. Y es que los cambios iban en una peligrosa dirección, convertían los CIEs en algo más parecido a una institución penitenciaria. Varias ONGs recurrieron el reglamento, que llegó al Tribunal Supremo. Finalmente, el tribunal tumbó algunos de los artículos más problemáticos del reglamento.  Se anularon los puntos que permitían separar a las familias en caso de que se considerase que no existieran instalaciones adecuadas para alojarlas. También se tumbó el punto que permitía los registros con desnudos integrales y el punto que permitía que una persona extranjera que había quedado en libertad volviera  ser retenido por la misma causa. Sí superó el Supremo el punto que permite que los agentes de la Policía Nacional encargados de la seguridad en los centros porten pistolas. Aunque el Supremo planteó dudas sobre la idoneidad de la medida, consideró que se ajustaba a la legalidad vigente. No se tocó tampoco el plazo máximo durante el que los extranjeros pueden ser retenidos, 60 días.

En la actualidad son siete los CIEs en territorio español, en Madrid, Barcelona, Murcia, Valencia, Algeciras, Tenerife y Las Palmas. Algunos centros, como el de Málaga, han cerrado en los últimos años. Situado en un edificio casi en ruinas, fue cerrado al considerarse que no tenía condiciones dignas de habitabilidad. Más allá de las condiciones materiales, el centro estuvo marcado por la polémica. Corrupción policial, una deportación masiva de inmigrantes sedados e incluso un caso de abusos sexuales. Un centro de internamiento que fue descrito como una cárcel por las personas extranjeras allí retenidas.

Curiosamente, las localidades fronterizas de Ceuta y Melilla, no cuentan con CIE. En ambos casos existe un CETI, Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes. Estos centros, abarrotados en los últimos años, son solo un paso previo a que los inmigrantes sean trasladados a la península.

En los últimos meses dos CIEs se han situado en el centro del ojo informativo, el de Aluche en Madrid y el de Sangonera, Murcia. En ambos casos los inmigrantes retenidos se amotinaron y agredieron a los policías. Denunciaban el internamiento y las condiciones en las que se encontraban. El de Madrid, con 60 extranjeros implicados, se prolongó hasta 11 horas. La situación generó un intenso debate en las redes sociales, entre quienes defendían que los inmigrantes reaccionaban ante una situación injusta y quienes solicitaban que la policía contase con más herramientas para controlar los CIE. Sin embargo, la atención mediática duró poco y no se han tomado decisiones relevantes respecto al caso. Los inmigrantes convocaron una huelga de hambre para denunciar su situación pero esta fue desconvocada a los pocos días.

Aunque estas últimas polémicas han cuestionado la idoneidad de retener a las personas extranjeras en CIEs, no parece que haya voluntad política para acabar con ellos. Mientras tanto, son muchos los migrantes que se ven atrapados en estos centros, en un limbo a caballo entre el internamiento y la prisión.

Beñat Gutiérrez
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